México aprobó hoy una ley histórica que prevé sacar de la cárcel a unos 6,000 condenados por «delitos leves» como abortos, pequeños robos o posesión de drogas. Esto, con el objetivo de vaciar las cárceles de personas que quebrantaron la ley en condiciones de vulnerabilidad.

Aunque Morena aceleró la aprobación de la ley para descongestionar las cárceles ante la pandemia de COVID-19, se prevé que las primeras liberaciones tarden varios meses.

En una sesión parlamentaria, marcada por los cubrebocas y la sana distancia, la oposición reprochó que la Cámara debata amnistías y no medidas económicas para afrontar la pandemia.

Organizaciones de derechos humanos celebraron el sentir de esta medida. Sin embargo, desconfiaron de su alcance. La mayoría de presos por delitos leves están en cárceles estatales y no federales, donde se aplicará la amnistía.

En México hay 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17,000 reclusos y 309 penales estatales con unos 176,000 encarcelados.

¿Quiénes tendrán amnistía?

El texto aprobado prevé amnistía para las mujeres encarceladas por homicidio al haber abortado. También para los doctores o familiares que participaron en la interrupción del embarazo con el consentimiento de la madre.

También para personas que poseyeron o traficaron con drogas bajo situación de pobreza, una discapacidad permanente o que fueran obligadas por grupos del crimen organizado.

Además, prevé indultar a aquellas personas que, sin fines de venta, hayan poseído el doble de la cantidad permitida de narcóticos.

Podrán acogerse a la amnistía los indígenas que durante un proceso judicial no contaron con intérpretes o abogados que conocieran su lengua y su cultura.

Se podrá amnistiar también a aquellas personas procesadas o condenadas por el delito de robo simple en caso de que este fuera sin violencia.

Asimismo, el texto prevé liberar a aquellas personas que cometieron una sedición para alterar la vida institucional de México por motivos políticos; siempre que no cometieran terrorismo.

Una comisión gubernamental se encargará de solicitar ante el juez y la Fiscalía la liberación o desistimiento del proceso contra las personas que cometieron alguno de esos delitos. Esto, luego de un plazo de cuatro meses para estudiar cada caso.

No serán amnistiadas personas que cometieron actos con violencia. Tampoco quienes fueron reincidentes o fueron condenados por delitos graves, como asesinato, femincidio, secuestro, robo de casas o robo de combustibles.