La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó este domingo al Senado de la República a aprobar la iniciativa por la cual Naciones Unidas tendrá el aval para investigar las desapariciones en México.

En un comunicado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el organismo celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara esta semana la iniciativa a la Cámara Alta e instó a los senadores a “a aprobar este instrumento a la brevedad”.

“La ONU-DH saluda la decisión del Gobierno de la República de avanzar en el proceso de reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar denuncias individuales de las víctimas de violaciones a los derechos consagrados”, expresó Naciones Unidas.

“Una vez concretado este paso, las víctimas encontrarán un canal adicional para acceder a la justicia en el ámbito internacional como lo ha sostenido la ONU-DH”, detalló.

Naciones Unidas también aplaudió la implementación de la Ley General en materia de Desaparición de Personas y la aprobación en el país de un protocolo para la búsqueda de desaparecidos.

Asimismo, instó a los jueces mexicanos a “garantizar los derechos” de los desaparecidos y sus familias.

“La protección que puede brindar el poder judicial constituye para las familias de las personas desaparecidas la última esperanza en el ámbito interno ante los abusos y la negligencia de otras autoridades” señaló Jesús Peña, representante adjunto en México de la ONU-DH.

Según los datos más recientes, México acumula desde 1964 a la fecha un total de 73 mil 201 personas desaparecidas y 3 mil 978 fosas clandestinas.

El gesto del presidente López Obrador se deslinda de la postura de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien en su momento se opuso a una visita del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

Las desapariciones en México centraron la atención mundial en 2014 con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que según el Gobierno de Peña Nieto fueron secuestrados y calcinados por el crimen organizado, algo desmentido por expertos forenses, por lo que la actual Administración reabrió la investigación.

Sin embargo, el drama de las desapariciones comenzó en la década de 1960, durante la llamada Guerra Sucia, en la que el Estado persiguió a opositores al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La guerra militar contra el narcotráfico iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) recrudeció las desapariciones.