Morelia, Michoacán, 03 de enero del 2020.- El diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla convocó a los diputados que se manifestaron en contra de autorizar al Gobierno del Estado la contratación de nueva deuda, a sumarse a promover una acción de inconstitucionalidad, recurso legal que tiene viabilidad puesto que en el proceso de autorización fueron transgredidos diversos marcos legales.

El Artículo 117 de la Constitución señala que para autorizar la contratación de deuda pública se requiere el voto a favor de dos terceras partes de los diputados; sin embargo, este postulado no se cumplió desde la aprobación del dictamen en las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública.

Añadió que para poder presentar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se requiere que sea suscrita por 14 diputados, y recordó que en la sesión en que fue aprobado el paquete económico votaron en contra 7 legisladores de Morena, además de que 8 del PAN y 2 del PT promovieron una reserva para anular artículos referentes a la contratación y refinanciamiento de deuda; » en suma, tendríamos los votos necesarios para que nuestros argumentos sean escuchados en tribunales», señaló.

Insistió en que la contratación de 4 mil 90 millones de pesos y el refinanciamiento de créditos bancarios hasta por 17 mil millones de pesos se autorizó en contra de lo dispuesto por la Constitución mexicana, y la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, por lo que también se notificará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las irregularidades en el procedimiento.

Alfredo Ramírez condenó que la administración estatal busque tener liquidez mediante la contratación de deuda, antes que fortalecer su política recaudatoria, ya que según los propios registros del Ejecutivo de Michoacán, «la recaudación del estado va en retroceso: este año se piensa tener ingresos propios por 3 mil 880 millones de pesos, cifra menor a los 3 mil 919 millones recaudados por la administración estatal en 2018».