Por primera vez, México salió del listado de corrupción para retrasar leyes contra el consumo nocivo del cigarro, realizado por el Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera para América Latina, sin embargo, aún debe de regular las actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las cuales promueven y comercializan nuevos productos con nicotina.

En Brasil, Costa Rica y México “no se encontró evidencia de que los gobiernos accedieran a solicitudes de la industria para retrasar la implementación de alguna ley relacionada al control del tabaco”, dio conocer el informe.

Tanto en México cono en Brasil hay evidencia de actividades de RSE desarrolladas principalmente en las regiones de producción de tabaco, de acuerdo con la publicación global del Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco (GGTC) de la Universidad Thammasat.

No obstante, el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República mexicano, Miguel Ángel Navarro (actual presidente de la Comisión), participó en eventos auspiciados por la industria y “habló a su favor como fuente de inversiones y empleo”.

El estudio se efectuó a partir de la Implementación del artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en países de América Latina 2020. Asimismo, se evaluó la interferencia de la industria tabacalera en otros países, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay para atraer a las poblaciones pobres y jóvenes en plena pandemia.

Estas naciones fueron clasificadas de acuerdo con la metodología y valores proporcionados por grupos de la sociedad civil, “cuanto más baja sea la puntuación, menor será el nivel general de interferencia”.

Ante esto, Colombia obtuvo la mayor interferencia con 77 puntos; le sigue Ecuador con 69, Argentina con 66, Chile con 64, Costa Rica con 49, Brasil con 48, México con 47, Perú con 36 y Uruguay con 34. En este contexto, la industria tabacalera “ha explotado” la pandemia entre sectores más pobres, mediante actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En Argentina, la industria tabacalera no está habilitada a formar parte de las discusiones de políticas de control de tabaco.

Sin embargo, ha interferido a través de acciones de lobby. “En Argentina, Chile y Colombia se otorgan privilegios como incentivos fiscales, concesiones fiscales o acuerdos comerciales que favorecen a la industria”, de acuerdo con el informe.

Asimismo, en Costa Rica y Ecuador, la industria tabacalera ha interferido a través de instituciones gubernamentales por fuera del sector salud; mientras que en Chile, Colombia y Perú no hay una regulación que prohíba la participación de la industria en mesas donde se discuten políticas de salud pública relacionadas al control del tabaco. Sin embargo, en Perú, durante la pandemia de covid-19, el Plan de Reactivación Económica autorizó la elaboración de productos de tabaco.

Por su parte, en Uruguay se prohíben las actividades de Responsabilidad Social Empresarial; y aunque en Perú no se registraron, no están prohibidas por ley.

“En Argentina, Colombia, Costa Rica y Ecuador, los gobiernos aceptan o respaldan actividades de la industria, con la participación de altos funcionarios de gobierno, particularmente de sectores no relacionados con la salud”, reza el informe. En el caso de México, “la Secretaría de Salud graba en video cualquier reunión con la industria tabacalera. El Senado de la República registra a los cabilderos de grupos de presión; las empresas y organizaciones deben expresar sus intereses y a quién representan”. Pero también es uno de los países que no prohíben las “contribuciones a los partidos políticos, ni requieren una declaración de estas contribuciones”. La mayoría de los gobiernos no ha adoptado “códigos de ética que protejan explícitamente las políticas públicas contra los intereses de la industria tabacalera”.

Por ello, deben exigir a todos los sectores del gobierno el rechazar alianzas o acuerdos con la industria tabacalera o limitar su interacción, a menos de que sea estrictamente necesaria para una reglamentación eficaz. De igual manera, se debe garantizar transparencia en las operaciones, adoptar un código de conducta que proteja a los funcionarios de la influencia de la industria y elaborar políticas claras de sanciones establecidas por incumplimiento.

El Índice fue iniciado por la Alianza para el Control del Tabaco del Sudeste Asiático (SEATCA) como un informe regional, con el apoyo de la iniciativa STOP (Stopping Tobacco Organizations and Products) de Bloomberg Philanthropies, que es parte de una publicación global del Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco (GGTC) de la Universidad Thammasat. La Asamblea General de las Naciones Unidas incluyó una meta específica para fortalecer el control del tabaco en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, posicionando la implementación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) como clave para detener el impacto sanitario, social, económico y ambiental del uso y producción de tabaco en personas, familias, comunidades y países.