Zitácuaro, Michoacán, 13 de febrero de 2020. El derecho administrativo disciplinario representa un área de oportunidad para las nuevas generaciones de abogadas y abogados, interesados en los casos relacionados con las faltas administrativas graves y la corrupción, señaló el magistrado Sergio Mecino Morales.
El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) expresó lo anterior, durante su conferencia magistral sobre el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la cual ofreció a estudiantes de Derecho de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores (Unicepes) de Zitácuaro.
“Con esta rama del derecho se puede representar a servidores públicos y particulares que estén acusados de cometer actos de corrupción o faltas administrativas graves, pues ello no significa que forzosamente sean responsables de ellos, por lo que los abogados pueden atender su solicitud de defensa”, expuso.
En otro sentido, el magistrado presidente explicó detalladamente a la comunidad estudiantil lo relacionado con el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas; esto es, cómo y quiénes los integran, las normas en que se basan y las disposiciones que éstas contienen.
También refirió las reformas constitucionales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, y los subsecuentes Sistemas Estatales en esta materia, como parte de un proceso mayor cuyo objetivo es eliminar este fenómeno en nuestro país.
El SEA, dijo, está integrado órganos encargados de la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas; así como por representantes ciudadanos, “todos los cuales se coordinan para, a través del intercambio de experiencias recabadas por cada área, establecer agendas de trabajo que vayan cerrando el paso a la corrupción en nuestra entidad”.
Como organismo autónomo, el TJAM no sólo forma parte del SEA sino que, gracias a las reformas a la Constitución del Estado de 2017, tiene además facultades para sancionar los casos de faltas administrativas graves y aquéllos relacionados con actos de corrupción cometidos por servidores públicos o particulares, destacó el magistrado Mecino Morales.