Por: Paola Mendoza

Al interior de los bosques de Michoacán se cosecha vida, pero también muerte. El crecimiento de los plantíos de aguacate y las altas ganancias por su comercialización desataron una guerra por el control de las hectáreas donde se siembra el “oro verde”; ante el constante acecho de grupos criminales, pobladores de localidades productoras se levantaron en armas desde el año 2020 y ahora van a prisión por ello.

Pueblos Unidos fue el nombre que adoptaron un grupo de más de tres mil comuneros de las ciudades de Salvador Escalante, Taretan, Ario de Rosales y Nuevo Urecho, al sur del estado de Michoacán. Una región en la que se cosechan más de 32 mil toneladas de aguacates al año, acorde a cifras de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM).

Mientras que el estado continuaba posicionándose como la principal entidad federativa en la producción del fruto, de la misma manera crecía el robo de camiones y el cobro de cuotas a campesinos por la posesión y el trabajo de sus tierras.

En el año 2019, la APEAM reportó el robo de más de 400 camiones que transportaban tres mil 288 toneladas de aguacate, una pérdida económica de 168 millones 208 mil pesos en 12 meses.

En tanto, productores comenzaron a sufrir más acoso y hostigamiento de parte de células criminales por el control de sus tierras. Los cobros que iniciaron desde los cinco mil pesos por hectárea por mes, subieron hasta los 50 mil pesos de pago quincenal.

Ante las intimidaciones, pobladores del suroriente del estado, así como líderes empresariales externaron su preocupación ante la presencia del crimen organizado en los cultivos de aguacate. Sin embargo, autoridades estatales decidieron obviar el problema y dejar que los comuneros lidiaran solos contra los grupos criminales ante levantamientos civiles en la zona de Tierra Caliente.

Para julio de 2021, más de 50 barricadas habían sido instaladas por parte de Pueblos Unidos en los accesos a Salvador Escalante, Taretan, Ario de Rosales, Tancítaro y Nuevo Urecho; campesinos encapuchados y altamente armados resguardaban sus cultivos y sus familias.

No más extorsiones, no más robos, no más secuestro, no más violencia.

Ante el aumento en la tensión en los campos de aguacate, el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, aseguró que la figura de guardias comunales a manera de autodefensas se considera como una acción fuera de la ley, por lo que quienes fueran sorprendidos levantándose en armas serían perseguidos por las fuerzas públicas.

Además, acusó al movimiento de ser financiado por parte de grupos criminales contrarios a Los Viagras, principales hostigadores de los campesinos de la región, como una manera de eliminar al enemigo desde presuntas insurrecciones civiles.

Mientras las especulaciones crecían por parte del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, de la misma manera se fueron sumando más y más productores del campo a las armas largas y los rostros encapuchados. Mientras una barricada era desinstalada, tres más comenzaban a levantarse.

Para los pobladores de la zona, lo lógico era que si ninguno de los tres ordenes de gobierno iban a velar por su integridad, sus recursos y su vida, debían ser ellos quienes pelearán por su bienestar y el de los suyos.

Los cobros de piso, las desapariciones y el constante acecho de células criminales parecía ceder, de poco a poco los pobladores del centro sur de Michoacán recobraron la calma y la tranquilidad. Los bosques volvieron a su quietud y, tan sólo por un momento, la sangre dejó de correr.

La persecución contra el pueblo armado

No obstante, la tensa paz duró poco tiempo. Al arribo del gobierno del morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, el nuevo jefe del Ejecutivo Estatal dio la orden de desinstalar las decenas de barricadas y puestos de control implementados en la entidad, ninguna arma en manos externas a las fuerzas de seguridad.

De primera instancia, el gobernador ordenó el reforzamiento en las policías municipales de las localidades en donde sus pobladores se levantaron en armas, además de fuertes incursiones de elementos de seguridad pública estatal y federal, la premisa era que con más uniformados en las calles no habría necesidad de que la ciudadanía tomara las armas.

El municipio de Nuevo Urecho fue el primero en aceptar este trato en noviembre de 2021. A pesar de que se firmó un acuerdo de resguardo y acompañamiento por parte del gobierno del estado, los integrantes de Pueblos Unidos bajaron los rifles y las metralletas en la práctica, pues el cuidado de los suyos seguía siendo su prioridad.

En los demás municipios el trato no fue el mismo, comuneros se negaron a la incursión de fuerzas armadas por parte de los diferentes ordenes de gobierno, alegando que muchos de ellos estaban coaptados con el crimen organizado. Ahí, comenzó la cacería.

Todo aquel que no estaba con el gobierno de Ramírez Bedolla, estaba en su contra. En sus conferencias mañaneras, el mandatario reiteró, una y otra vez, que cualquier grupo armado de civiles era ilegal y, en consecuencia, formaba parte de la delincuencia organizada.

A la par de que crecían los enfrentamientos por el control de la Tierra Caliente de Michoacán, la SSP aumentó sus operativos para desmantelar barricadas al interior del estado. Para julio de 2022, los tramos de la carretera La Huacana – Ario de Rosales, el acceso a San Juan Nuevo y Aguililla, estaban completamente libres.

Como una estrategia secundaria, el gobierno de Michoacán lanzó una campaña de canje de armas en los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán, mediante la cual la ciudadanía podría entregar sus armas de uso exclusivo del Ejército a cambio de dineo o electrodomésticos.

Pese a la difusión y asedio de las autoridades por el alto del fuego ciudadano, Pueblos Unidos continuaba con la consigna de evitar la la incursión de grupos criminales a sus tierras, muestra de ello fue el bloqueo a la carretera federal Pátzcuaro – Uruapan, sitio por donde se presumía harían presencia integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para intentar llegar a Uruapan.

Ahí, 167 personas, entre ellas tres menores de edad, fueron detenidas la noche del pasado 13 de agosto, por la portación de armas de fuego y la obstrucción a las vías de comunicación. Los aprehendidos se identificaron como miembros de Pueblos Unidos, provenientes de la comunidad de Tiamba, municipio de Uruapan.

En el operativo en el que participó la Guardia Nacional y la Policía Michoacán se incautaron 233 armas largas, 25 vehículos, así como dos granadas de fragmentación y dos aditamentos lanzagranadas; además de 767 cargadores y 19 mil 560 cartuchos.

Tras su detención, los campesinos fueron trasladados al Cereso Mil Cumbres, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) construía el expediente en su contra, pues los delitos de los que se les acusa corresponde al orden federal.

En respuesta a la detención, comuneros del municipio de Paracho retuvieron a 25 elementos de la Guardia Nacional en su localidad, mismos que fueron liberados al día siguiente, a estas acciones se sumaron bloqueos carreteros en diversos lugares como la Autopista Siglo XXI, a la altura de la caseta de Zirahuén, así como la ocupación de vías férreas en el municipio de Uruapan.

Ninguna de estas presiones surtieron efecto en las autoridades federales, pues mientras decenas de familiares y amigos de los detenidos hacían guardia al exterior del Poder Judicial de la Federación en Michoacán, en la espera de que sus seres queridos fueran puestos en libertad sin problemas, un juez de control dictaminó su vinculación a proceso.

En medio de un fuerte operativo de seguridad en el cual participaron uniformados de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía de Michoacán los comuneros fueron enviados de nueva cuenta al Centro de Reinserción Social (Cereso) “David Franco Rodríguez”, para esperar ser traslados al Centro Penitenciario de Apatzingán.

A pesar de los gritos, las noches de espera y la incertidumbre en la que se quedaron las familias de los comuneros, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán enfatizó que no habría vuelta atrás ni un dejo de impunidad en contra de Pueblos Unidos, de los detenidos, 154 de ellos fueron enviados a Apatzingán, mientras que el resto permanecerá en la ciudad de Morelia enfrentando su proceso legal.

Mientras el gobierno federal y estatal celebran con bombo y platillo la detención de civiles armados por medio de “los abrazos y no balazos”, en la comunidad de Tiamba sólo se piensa en una cosa: ¿qué pasará con ellos, sus cultivos y su vida?, sin Pueblos Unidos de por medio, su tierra vuelve a ser objeto de disputa sin nadie que los proteja.