Morelia, Michoacán, 22 de junio del 2020.- Durante 14 años las fuerzas armadas han participado en labores de seguridad pública sin que las fuerzas políticas señalaran la falta de sustento jurídico en su actuación; es un alarde de cinismo que ahora los opositores a la cuarta transformación busquen anular un acuerdo que regula y fiscaliza su actuar, afirmó el diputado federal Hirepan Maya Martínez.

El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Baja señaló que la Controversia Constitucional que presentó la diputada Laura Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva, en contra del acuerdo expedido por el Ejecutivo Federal para regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, no representa a la mayoría parlamentaria, y está fundada en motivaciones político-partidístas, más que jurídicas.

El acuerdo impugnado con respaldo del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, abundó Hirepan Maya, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y plantea que las fuerzas armadas «participarán de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial».

El legislador de Morena resaltó que desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narco, por primera vez se ha planteado un plazo de cinco años para que los militares regresen a los cuarteles, y «paradójicamente es hasta ahora, que el gobierno de la 4T ha iniciado el proceso legal e institucional para desmilitarizar la seguridad pública, que los legisladores del Bloque Opositor Amplio (BOA) acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar ese proceso».

El diputado federal recalcó que el proceder del Presidente de la República, al publicar ese acuerdo, está sustentado en los artículos quinto y sexto transitorios del decreto de reforma constitucional por el que se creó la Guardia Nacional, aprobada por mayoría y en los 32 congresos locales del país, de tal manera que no sólo es una acción legal, sino producto de un amplio consenso político nacional.