El Congreso concluyó este jueves la aprobación de la procedencia de la consulta popular sobre eventuales procesos penales contra los expresidentes del país, luego de que la Cámara de Diputados avaló el dictamen en la materia que ya había recibido el visto bueno del Senado.

Los siguientes pasos para la realización de la consulta el próximo año serán que la convocatoria correspondiente se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea notificado, con el fin de que pueda empezar con la organización del ejercicio.

En el pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen sobre la consulta fue aprobado por 272 votos a favor, 116 en contra y cero abstenciones.

El documento fue palomeado por los senadores a principios de mes.

La consulta es impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por su partido, Morena, bajo el argumento de que debe preguntarse a la ciudadanía si deben o no abrirse procesos penales contra los anteriores mandatarios, por posibles actos de corrupción.

El jefe del Ejecutivo envió su solicitud al Senado, que a su vez la remitió a la Suprema Corte. El 1 de octubre, el máximo tribunal determinó que la materia de la consulta es constitucional y avaló su procedencia, aunque modificó la pregunta que se consultará.

Los ministros resolvieron que la pregunta quede en estos términos: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Según lo marca la Constitución, la consulta tendrá que realizarse en agosto del próximo año, aunque Morena insiste en que se lleve a cabo el mismo día de las elecciones federales y locales de 2021: el domingo 6 de junio.

El presidente y sus partidarios sostienen que la consulta representa un intento legítimo para evitar que posibles irregularidades de anteriores gobiernos queden impunes.

Por el contrario, políticos de oposición, analistas y organizaciones civiles consideran que la consulta solo tiene el fin de promover a López Obrador y es violatoria de los derechos humanos, pues principios como la presunción de inocencia y la aplicación de la ley no deben ser sometidos a la voluntad popular.