Se cumple un mes del rapto de Dylan Esaú Gómez Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y no hay pistas sobre su paradero. A la tragedia de un niño al que su familia sigue esperando se le suma la de un anciano que no regresará con los suyos. Se trata Adolfo Gómez, indígena tzotzil y abuelo de 22 de los 23 menores que la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo haber rescatado de una red de trata dentro del operativo de búsqueda de Dylan. El otro de los niños es su hijo. El cuerpo de Gómez apareció el lunes en una celda. Los investigadores dicen que se ahorcó, pero su familia no lo cree.

Todavía en la cárcel están sus hijas María Hortensia y Maribel y su nuera Juana. Todas ellas, también indígenas tzotziles, están acusadas de explotar a los menores para vender artesanías.  Sus allegados alegan que únicamente hacían lo que siempre hicieron: salir a la calle a ganarse la vida porque son pobres.

El 30 de junio fue secuestrado Dylan en un mercado público de San Cristóbal de las Casas, donde su familia tiene un puesto de venta de verduras. Esa misma noche su madre, Juana Gómez, interpuso una denuncia por desaparición ante la FGE. Durante días sintió la mujer que las autoridades no prestaban atención a su caso. Así que viajó a la Ciudad de México y los días 21 y 22 de julio mantuvo una protesta en el Zócalo, ante el Palacio Nacional. Pidió ser recibida por Andrés Manuel López Obrador, pero quien le atendió fue Leticia Ramírez, de la Oficina de Atención Ciudadana.

“Al principio sentí que no actuaban. Ya que hubo más presión para el gobierno, ahorita están encontrando pruebas importantes”, dice Juana Gómez.

Según datos recogidos por Melel Xojobal, organización de Chiapas de atención a la infancia, solo este año 160 menores han desaparecido en el estado. De ellos, 27 fueron encontrados. La mayoría de las desaparecidas, un 88%, eran mujeres, mientras que uno de cada cinco eran indígenas.

Si se mantiene la tendencia pronto se superarán las 183 desapariciones del año pasado.

Aunque el caso de Dylan ha trascendido y se ha convertido en una sacudida para todo México. El periplo de su madre a la capital para suplicar ayuda le recordó al país que, por desgracia, este es un horror que puede tocarle a cualquiera.

Dos semanas después del secuestro, el 15 de julio, se produjeron las primeras detenciones, el matrimonio conformado por Adolfo Gómez y Josefa Sánchez. Dos días después, el 17, se realizó el cateo de una vivienda en el barrio de Tlaxcala, en San Cristóbal. Allí estaban 23 menores (tres lactantes y el resto entre 2 y 15 años) y tres mujeres que fueron detenidas.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, dijo entonces que los niños “eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad mediante violencia física y psicológica, mismos que mediante observación clínica de médicos especialistas mostraron desnutrición y condiciones precarias, corroborando vulnerabilidad y riesgo”. Las tres mujeres fueron acusadas del delito de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados y los niños, que insisten en que son sus hijos, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema Estatal DIF Chiapas. Dylan seguía sin aparecer y su madre desconocía el operativo porque nadie le informó de él.

No fue hasta el 21, cuando Juana Gómez trataba sin éxito de ser recibida por López Obrador, que se hizo público. Aunque la FGE solo anunció el arresto de las tres mujeres (María Hortensia, Maribel y Juana), mientras que omitió los de Adolfo y Josefa.

Al mismo tiempo, los investigadores difundieron la imagen de la presunta responsable del secuestro, una mujer por la que ofrecen una recompensa de 300 mil pesos y quien se identificó como Ofelia “N”. De ella se dice que comercia ámbar en las inmediaciones de Merposur y que “estuvo involucrada en un altercado de mujeres el 7 de junio”. La mujer señalada, también de Ixtapa, apareció en diversos medios locales negando ser la secuestradora y presentó el testimonio de autoridades locales que la exoneraban.

Para ese momento la versión de la FGE se había establecido a través de dos líneas. Por un lado, estaba la búsqueda de Dylan, que su madre había cuestionado desde el primer momento. Por otro, emergía este operativo en el que no se halló el menor pero que, presuntamente, había puesto fin a una red de explotación de menores a los que se obligaba a vender a artesanía en San Cristóbal de las Casas.

Sin embargo, pronto empezó a cuestionarse.

“Es puro acusamiento falso. Nosotros somos víctimas de todo esto que está pasando. No estamos bien”, dice Roberto Montejo, que tiene 54 años y es abuelo de doce de los menores bajo custodia. La semana pasada acudió al DIF de Tuxtla para reclamar a los niños.

Él es padre de Juana (que tiene siete hijos) y suegro de Maribel, casada con su hijo Gilberto y con cinco hijos. Explica que sus familiares son originarios de Chigtón, una comunidad en el municipio de Ixtapa, a medio camino entre San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Hasta la capital tuvo que llevar las actas de nacimiento de los cinco hijos de Gilberto y Maribel, pero no sirvió de nada. Las autoridades le piden una prueba de ADN. “Todavía no hay fecha, esperemos que sea pronto”, asegura.

Mientras, su hija y sus nueras siguen en el Cereso de Amate, en el municipio de Cintapala, Chiapas.

Sobre el día del arresto, recuerda el hombre que “Gilberto había salido a vender sus productos”. “Era las seis de la mañana. Las mujeres quedaron con sus hijos. Se los llevaron los judiciales sin comida y ahora se encuentran con la misma ropa, tiene 14 días con la misma ropa”, protesta.

Aquel día que ingresó al Cereso pudo hablar con tres de sus nietos, los más mayores: de 15, 14 y 12 años. “Se pusieron a llorar porque ya se quieren venir. Pero ahora hay que hacer la prueba de ADN”, dice.

Desde la FGR explican que el caso está en manos del DIF y que se está realizando un peritaje que deberá determinar si son sus padres, como dicen, o no. Esto se comprueba a través de documentos y análisis diversos, como pruebas de sangre. Pero el proceso es largo. Y puede ocurrir que dentro de un mes las autoridades terminen reconociendo que encerraron a unas madres por las condiciones de pobreza en la que se encontraban sus hijos.

“El procedimiento hubiera sido retener a los niños por la sospecha y pero dar la posibilidad de demostrar si eran familiares. Se vio que era un tema mediático así que se les privó de libertad, sin abogados, sin traducción y se les lleva al penal sin escuchar a la familia indígena que les plantean que hay actas de nacimiento”, dice Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Así que la supuesta red de trata podría tratarse, en realidad, de una familia pobre en la que los niños trabajaban por obligación.

“Son mujeres pobres, ellas trabajan el ambulantaje porque no trabajan el campo ni la milpa”, afirma Montejo.

Por otro, que Dylan sigue sin aparecer y que ya ha transcurrido un mes desde que una mujer, al parecer menor de edad, se lo llevó del mercado de San Cristóbal de las Casas.

“Han encontrado algunas cosas pero que todavía no se pueden dar a conocer. Las averiguaciones se están dando. Al momento del niño no tenemos nada”, dice Juana Gómez, madre de Dylan. La mujer asegura no conocer a la familia arrestada y mantuvo su esperanza en las pesquisas de la investigación. Su única preocupación es que le devuelvan a su hijo. Para sus captores, su mensaje: “que me lo regresen, que lo dejen por ahí, no tengo en contra de ellos. Por mi parte ahí quedaría, no les guardaré ningún rencor, pero que me lo regresen”.