El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves una sanción a las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, así como a sus propietarios, por participar en la comercialización y exportación de petróleo venezolano.

Las sanciones incluyen a los mexicanos Joaquín Leal Jiménez García, Olga María Zepeda Esparza y su madre Verónica Esparza García, copropietarios de las compañías.

El Gobierno estadounidense acusa a las compañías y sus propietarios de exportar principalmente a países asiáticos cerca de 30 millones de barriles -valorados en más de 300 millones de dólares- propiedad de Petróleos de Venezuela, la empresa estatal de petróleo del país sudamericano.

La comercialización de crudo, se lee en un comunicado del Departamento del Tesoro, se dio mediante acuerdos de intercambio de petróleo por ayuda humanitaria -como agua y maíz-, en un intento por evadir las sanciones impuestas por Washington al sector petrolero de Venezuela como medida de presión al régimen de Nicolás Maduro.

«El régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, que el Tesoro ha expuesto ahora», dijo Justin G. Muzinich, el subsecretario del Tesoro del gobierno de Trump, en el comunicado.

Ninguna de las dos compañías, ambas con sede en la Ciudad de México, tenían experiencia previa en el mercado de petróleo. Antes de entrar a la comercialización de crudo, Libre Abordo participó en la compra y reventa de artículos de limpieza, equipos hospitalarios, productos agrícolas y equipos industriales, mientras que Schlager Business Group se dedicó a servicios administrativos y de soporte administrativo

La relación comercial entre las empresas mexicanas con Venezuela data al menos desde 2019.

“La explotación de los recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo, en beneficio del régimen ilegítimo del presidente Maduro y sus compinches es inaceptable”, dice el comunicado.

Hace unas semanas, de acuerdo con Reuters, Libre Abordo acusó presión de Estados Unidos para detener sus operaciones. Las sanciones son parte de una investigación de la Buro Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) hacia compañías mexicanas y europeas probablemente implicadas en la comercialización de petróleo venezolano.