Ciudad de México, 15 julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la iniciativa para homologar el delito de feminicidio a nivel nacional; será enviada al Congreso de la Unión para ser analizada en el periodo legislativo que comienza en septiembre.

Se trata de la iniciativa de Ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.

Puntualizó que el objetivo es que todas las fiscalías estatales investiguen este delito de la misma manera para garantizar cero impunidad.

“El peor delito de violencia contra las mujeres es el feminicidio; es un delito de odio por ser mujer. En nuestro país, aun cuando van disminuyendo, todavía se cometen y, lamentablemente, muchos de ellos siguen sin sanción.”

La primera mandataria mencionó que algunas fiscalías todavía establecen como suicidio la muerte violenta de mujeres, a pesar de que los indicios apuntan a familiares directos, por lo que esta iniciativa también propone la sanción máxima.

“El feminicidio también lo puede cometer una mujer, pero 99.9 por ciento de los casos no son mujeres.”

Recordó que las mujeres ya están en la Constitución y tienen derecho a la igualdad sustantiva, a una vida libre de violencia y al mismo salario que los hombres.

Resaltó la importancia de prevenir y educar en torno a la igualdad entre mujeres y hombres, así como promover el trato digno sin discriminación ni machismo.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, destacó que la propuesta de ley general incluye garantías por los derechos de las víctimas.

Por ejemplo, reconoce el acceso a la verdad y la justicia; las entidades proporcionarán atención médica, asistencia jurídica especializada y gratuita, atención integral para hijas e hijos en situación de orfandad a causa de feminicidios; traducción e interpretación en el caso de comunidades indígenas y reparación integral del daño, entre otros.

Una vez que se apruebe la ley general, inicia la armonización del tipo penal, la actualización de protocolos en atención e investigación y la creación del registro de menores en situación de orfandad.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, dijo que la propuesta incluye pena homologada de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes del delito, y en todo el país se uniforma el tipo penal por 10 razones de género.
El delito de feminicidio no podrá prescribir.

También habrá pena de prisión en el caso de tentativa de feminicidio, además de sanciones adicionales como: pérdida de derechos sucesorios, tutela, guarda, custodia y patria potestad, y destitución o inhabilitación en caso de servidores públicos.

Quedarán prohibidas las excusasabsolutorias o atenuantes y no procederán criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistía.
Actualmente, las entidades de la República presentan tipos penales, agravantes, registros y penas fragmentados.

Además, existen deficiencias en los procesos de investigación, clasificación de delitos violentos y análisis de contexto; no existen protocolos homologados para investigar, perseguir feminicidios o atender víctimas.

La fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres de la Fiscalía General de la República (FGR), Maribel Bojórquez Beltrán, recordó la obligación de investigar feminicidios con debida diligencia, continuidad procesal y protección integral de los derechos de las víctimas.

Por ello, los protocolos deberán incorporar perspectiva de género y asegurar la correcta preservación de indicios, así como la coordinación entre instituciones de seguridad.

Las entidades también deberán contar con fiscalías especializadas, además de ministerios públicos, policías, personal técnico y personal certificado.

También acompañó a la presidenta el coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza Vásquez.