El Gobierno de Michoacán analiza posibles sanciones contra transportistas que presuntamente participaron en los bloqueos registrados durante los hechos violentos ocurridos recientemente en Zitácuaro.

Durante su conferencia semanal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que las unidades concesionadas por el Estado no pueden ser utilizadas para impedir el tránsito ni para acciones relacionadas con hechos delictivos, por lo que se revisará cada caso para determinar responsabilidades.

El mandatario explicó que, de acreditarse la participación de concesionarios en los bloqueos, podrían iniciarse procedimientos administrativos que incluso deriven en la cancelación de permisos para prestar el servicio público.

La declaración ocurre después de la jornada de violencia que derivó en cierres de vialidades y una fuerte movilización de fuerzas estatales y federales en la región oriente del estado.

Ramírez Bedolla aseguró que las investigaciones continúan y reiteró que el gobierno mantendrá acciones para restablecer las condiciones de seguridad en la zona.