Este lunes inició en la 21 Zona Militar, con sede en Morelia, el despliegue de fuerzas federales en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia anunciada ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

Desde las primeras horas del día comenzaron a arribar a la capital contingentes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, en camiones y patrullas, para concentrarse en las instalaciones militares de Morelia, desde donde serán redistribuidos a distintos puntos del estado. 

De acuerdo con información federal, el estado de fuerza contempla en total más de 12 mil elementos: 10 mil 506 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, así como mil 781 de la Marina Armada de México. A este despliegue se suman 277 elementos y 70 patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destinados a labores de vigilancia y coordinación. 

El dispositivo incluye una “Operación Contención” con 4 mil 140 elementos, cuyo objetivo será reforzar las fronteras de Michoacán con Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, con la finalidad de impedir el tránsito de grupos delictivos hacia y desde la entidad. 

Otra parte del despliegue se enfocará en el combate a la extorsión en las cadenas productivas del limón y el aguacate, donde se contempla la participación de al menos 860 elementos en la zona limonera y 820 en la región aguacatera, de acuerdo con lo expuesto por mandos federales.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia forma parte de una estrategia integral de seguridad que, según el gobierno federal, se sostiene en 12 ejes y más de 100 acciones, con una inversión de más de 57 mil millones de pesos, además de recursos adicionales en programas sociales para la entidad. 

Autoridades federales y estatales han señalado que el objetivo del despliegue es reducir homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos de alto impacto, mediante presencia permanente de fuerzas de seguridad y coordinación entre los tres órdenes de gobierno en regiones prioritarias como la costa, la zona aguacatera y municipios con alta incidencia delictiva.