Morelia, Michoacán, 18 de diciembre del 2019.- Sería un grave error que diputados en el Congreso de Michoacán eligieran titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con base en la valoración de las creencias personales e ideología de quienes aspiran a ser ombudsperson, ya que hacerlo de esa manera implica un acto discriminatorio y anticonstitucional, advirtió el legislador Alfredo Ramírez Bedolla.

Después de que algunos diputados manifestaran su oposición a que Elvia Higuera Pérez sea elegida titular de la CEDH, sólo por su postura a favor de despenalizar el aborto, el diputado de Morena alertó que orientar el voto con este criterio sería una clara violación al artículo primero de la Constitución mexicana que al pie de la letra dice:

«Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas».

Negar a una persona la posibilidad de presidir la CEDH sólo por sus creencias e ideología, abundó Ramírez Bedolla, no sólo implicaría un grave retroceso en materia de derechos humanos, también vulneraría la legalidad del proceso de elección a cargo del Congreso del Estado.

El Poder Legislativo debe ser garante del Estado de derecho, puntualizó el diputado de Morena, por ello los diputados debemos apegarnos a la valoración de los criterios para elegir ombudsperson establecidos en la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, en su Artículo 20.

Alfredo Ramírez subrayó que el titular de la CEDH tiene derecho a la libertad de creencias e ideologías, pero en su actuar como ombudsperson debe proceder de manera institucional y en estricto apego al marco jurídico que rige el actuar de la institución; «el Congreso está para vigilar que se hagan valer las facultades y atribuciones que la ley confiere al organismo autónomo, no para sancionar la forma de pensar de las personas», concluyó.