Ciudad de México a 11 de octubre de 2019.- Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó cambios a los artículos 116 y 127 de la Constitución Política en materia de remuneración de servidores públicos, para que autoridades locales y servidores públicos no ganen más que el Presidente Andrés Manuel López Obrador; 108 mil pesos mensuales.

Al respecto, Carlos Torres Piña, diputado de Morena en San Lázaro, dijo que ahora, tanto poderes locales, judiciales, legislativos y autónomos del país, incluidos los que se ampararon en contra, deberán ajustarse sin excepción alguna a esta norma.

“Logramos que por fin, se estableciera en la ley que el servicio público es una labor de compromiso social y no una excusa para enriquecerse al amparo de un cargo público y permitirá terminar con los privilegios y remuneraciones estratosféricas”.

Además, estas modificaciones a la ley, impedirán también a futuro la creación de plazas con altas remuneraciones que aumentaron escandalosamente en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

A manera de contexto, en 2018, el sueldo del Presidente de la República era de 209 mil 968 pesos, pero aumento a 222 mil 261 pesos; mientras que los secretarios de Estado tuvieron sueldos promedio de 218 mil 586 pesos, detalló Torres Piña.

Sin embargo, en México los salarios más altos, los tienen, ministros y magistrados de la Suprema Corte que duplican el sueldo del Presidente de la República o el del Gobernador del Banco de México, que es 250 por ciento más alto que el mandatario.

Y a esos le siguen, sueldos de los presidentes de los órganos autónomos como en Instituto Nacional Electoral. Aunque también, dijo, en las entidades federativas existen grandes diferencias entre lo que ganan sus servidores públicos, por lo que se busca que haya uniformidad y congruencia en estados y municipios.

Así que de acuerdo al legislador, tras la aprobación de estas reformas también en al menos 16 congresos locales, el gasto en remuneraciones disminuirá y se reflejará en el presupuesto del siguiente año en que haya entrado en vigor la reforma.

Con esto, concluyó, “buscamos una sociedad más justa y equitativa con servidores públicos que no nos avergüencen”.