La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) emplazó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores y a Gabriel García, coordinador de los delegados del gobierno federal, a responder este viernes a las acusaciones sobre presuntas irregularidades en materia de propaganda gubernamental.

Todos estos funcionarios públicos, además de los delegados y encargados de despacho estatales de los programas para el desarrollo de la Secretaría del Bienestar deberán comparecer personalmente o por escrito a las oficinas del INE, para responder a los señalamientos del PRD.

Este partido y su consejero y ex diputado federal Rafael Hernández Estrada denunciaron el pasado 8 de agosto el presunto uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada del ejecutivo federal y de funcionarios estatales vía una estrategia en la que participarían casi 18 mil personas, entre servidores de la nación, súper delegados y coordinadores estatales de programas del Bienestar.

En su querella ante el INE el PRD documentó que las entregas de recursos y programas no se atribuyen al gobierno federal y de forma institucional, sino al presidente López Obrador y a los funcionarios que operan esos programas, el 60% de los cuales estarían vinculados a Morena.

Eso vulneraría, según el partido quejoso, el artículo 134 de la Constitución establece que toda propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y prohíbe que contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Con las irregularidades, según Hernández Estrada, el gobierno pretende posicionar al mismo presidente y a futuros candidatos a gobernador, alcaldes y diputados federales en el 2021.

El 16 de agosto la Comisión de quejas del INE dictó medidas cautelares en las que ordenó al gobierno federal cesar toda promoción personalizada de los servidores de la nación o de funcionarios, vía indumentaria, discursos y publicaciones en internet durante las entregas de programas sociales o su difusión. En la continuación de sus investigaciones la UTCE recibirá los argumentos de los funcionarios denunciados para remitir el expediente a resolución de la Sala Regional Especializada.