Por: Cimacnoticias

Solo las mujeres de la Ciudad de México y Oaxaca pueden ejercer sus derechos reproductivos sin temor a ser criminalizadas; para el resto, hacerlo es un delito.

Esta serie de 10 reportajes demuestra, a partir de datos oficiales, sentencias y testimonios, que castigar el aborto perjudica la salud y la vida de las mujeres, mientras que garantizarlo como una política pública contribuye a que construyan su autonomía y decidan sobre su cuerpo, su sexualidad y su vida sin condenarse a una maternidad forzada.

Las mujeres que son denunciadas por abortar enfrentan juicios sin perspectiva de género, con estereotipos y sin una debida defensa. Sus castigos son la cárcel, trabajos comunitarios, violencia médica, estigma social e incluso la muerte. Las defensoras feministas que, en ausencia de una política de Estado, acompañan actualmente a miles de mujeres que abortan, también son perseguidas y criminalizadas.

Aunque las organizaciones feministas y las diputadas presentan año con año distintas iniciativas para despenalizar el aborto en estas entidades, bancadas de todos los partidos políticos en los Congresos locales prefieren congelarlas o rechazarlas por considerar que no son prioritarias, para evitar costos políticos o porque son distintas a sus ideologías personales.

Recopilamos aquí las historias de mujeres que habitan en la CDMX y Oaxaca, donde el aborto es legal, y en las entidades de Coahuila, Puebla, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Baja California, Nuevo León y Veracruz, en las que persisten leyes restrictivas y condiciones adversas para que una mujer interrumpa su embarazo. Sus experiencias evidencian la desigualdad provocada por un falso debate sobre el aborto: cuando los gobiernos se niegan a su despenalización, lo único que está en juego es la salud, la autonomía y la libertad de las mujeres.